Sentarse en un restaurante chino, buscar el menú y descubrir que sobre la mesa solo hay un pequeño código QR es una experiencia cada vez menos sorprendente. En muchos establecimientos, el cliente escanea, abre un miniprograma de WeChat, elige los platos, realiza el pedido y paga sin hablar apenas con un camarero. El sistema puede ser rápido y cómodo, pero la situación cambia cuando el cliente no quiere utilizarlo —o simplemente no puede— y el personal responde: “solo se puede pedir escaneando”.
Desde el punto de vista jurídico, el código QR en sí mismo no plantea ningún problema. Un restaurante puede ofrecer el pedido digital e incluso convertirlo en su forma habitual de servicio. Lo que resulta mucho más discutible es convertirlo en la única vía disponible, especialmente cuando obliga al consumidor a utilizar una aplicación, seguir una cuenta, registrarse como miembro o entregar información personal que no es necesaria para pedir comida. La legislación china no contiene una frase literal que diga “todo restaurante debe disponer de menú de papel”, pero la combinación de las normas sobre elección del consumidor, información, condiciones de contratación y protección de datos deja muy poco espacio para imponer al cliente un recorrido digital innecesario.
El problema no es el QR, sino que no haya alternativa
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